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Iñaki García Koch: semblanza de un hombre bueno

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Iñaki García Koch: semblanza de un hombre bueno



El pasado 4 de enero de 2017 falleció el compañero y amigo Iñaki García Koch en su domicilio de la localidad navarra de Agoitz (Aoiz) con sólo 53 años.
En todos los medios que han dado cuenta de su deceso se han limitado a mencionar su participación en el grupo ecologista Solidari@s con Itoitz, que a mediados de los 90 realizó más de 60 acciones directas en contra del embalse que finalmente estranguló al hermoso río Irati, y en concreto se rememora su participación en la espectacular acción del corte de los cables que servían el hormigón a la obra.
Pero la vida de Iñaki dio para mucho más: nació en la primavera de 1963 en Donosti en cuyo barrio Antiguo se crió en el seno de una numerosa y humilde familia. Estudió en el disciplinado Colegio Alemán (su abuelo era de origen germano) y, en esa etapa infantil, viaja con frecuencia con su familia a una borda en la Sierra de Aralar. Ahí nació su amor por las montañas, su fascinación por la naturaleza salvaje y su gusto por los bosques y los espacios libres que le construyeron como persona.
Completó sus estudios de FP administrativo, profesión que nunca ejerció pues siempre prefirió trabajos físicos, al aire libre, o artesanos como la carpintería. Sus vocaciones iban desde la espeleología (participando en rescates con el grupo Aranzadi), a la música (flautista autodidacta). También fue un gran viajero (que no turista). El último de sus grandes viajes fue el que le llevó al Cono Sur americano y la Patagonia un año antes antes de caer preso.
Sus años de adolescencia y juventud transcurrieron en el efervescente ambiente de agitación social y política de la Transición que en las calles de Donosti discurren en torno al independentismo, la lucha antinuclear, las luchas obreras y vecinales y la insumisión cultural y existencial que eclosiona en torno al rock radikal vasco, los gaztetxes, las radios libres. Iñaki se acerca al movimiento de okupación y ya residiendo en Iruña participa en el Gaztetxe del Euskal Jai.
Precisamente de ese Gaztetxe parte el 7 de Abril de 1995 el grupo de jóvenes que okupa y refunda el pueblo de Aritzkuren. Iñaki es uno de los miembros más activos y comprometidos de ese grupo fundador. Sólo un par de meses antes había nacido el grupo Solidari@s con Itoitz, que decide pasar a la acción directa pública y no-violenta, dado que la lucha legal de la Coordinadora no consigue paralizar las obras y de otro lado ETA-m decide no “entrar” en este conflicto (pese al clamor popular en ese sentido).
En estas circunstancias y como Aritzkuren está situado en el valle de Artze, en la margen izquierda del Irati, se comprende que enseguida los nuevos pobladores tengan que implicarse en la lucha contra el embalse y en concreto en el grupo Solidari@s, no en vano de los ocho activistas que realizan el corte de los cables tres son habitantes del pueblo. Iñaki es uno de ellos.
En 1995 una sentencia de la Audiencia Nacional da la razón a los opositores a la obra y declara que las obras son ilegales, pero reclama 24.000 millones de pesetas a la Coordinadora en concepto de fianza para hacer efectiva la paralización. Esto colma la paciencia de los defensores del valle y en la madrugada del 7 de abril de 1995 vestidos con monos con la leyenda Deconstrucciones Itoiz y pertrechados con sierras radiales los ocho Solidari@s irrumpen en la cabecera de la presa acompañados de varios periodistas y cortan los cables que sirven el hormigón a la maldita presa, se entregan a la Guardia Civil y reciben una brutal paliza de la que entre otras lesiones Iñaki sale con un tímpano roto.
Pasan dos meses en prisión provisional y tras una huelga de hambre consiguen la libertad a la espera de juicio. Con esta acción valiente y espectacular consiguen paralizar la obra durante más de un año, pero la maquinaria represiva del Estado busca y obtiene una condena ejemplarizante de cinco años de prisión para cada uno.
Los compañeros deciden desobedecer nuevamente a la injusticia e inician una gira por toda Europa para dar a conocer el conflicto. Durante nueve meses realizan cientos de actos informativos y varias acciones espectaculares como encaramarse a la cúpula de San Pedro, o hackear el Foro Mundial del Agua junto con la gente que se oponía a la presa de Narmada en la India o “inaugurar” la Noria del Milenio en Londres…, después los ocho huyen del país o viven en la clandestinidad.
En junio de 2001, Iñaki es detenido en un control de carreteras e ingresa en prisión, pasa cuatro años en prisión con largos períodos de aislamiento en el régimen FIES. La experiencia del aislamiento y de la soledad es abrumadora para una persona tan sensible y tan amante de los espacios libres y la naturaleza.
El movimiento en la calle no está a la altura del enorme sacrificio personal que a Iñaki (y Daniel Unziti e Ibai Ederra que también ingresan en prisión) le supuso el encarcelamiento, las vejaciones, los malos tratos, el asistir impotente a la demolición de los pueblos (el querido Artozqui, Itoiz…) y el llenado de la presa.
Sale en libertad en noviembre de 2004 y se traslada a vivir a otro pueblo montañoso, Izalzu, donde emprende la gran aventura que le ocupará lo mejor de sus últimos años: la paternidad. En 2005 concede una entrevista a Diagonal donde se reafirma en que “la desobediencia y la insumisión siguen vigentes”.
Vuelve al valle de Artze y vive un tiempo en la comunidad de Lakabe, pero finalmente decide bajar a vivir a Agoitz. Siempre perseguido desde que salió de la cárcel por la sombra de la depresión, trató de sostenerse aferrándose a la responsabilidad y la alegría de ser padre, Sugoi fue el centro y el motor de su vida. Finalmente las secuelas de su experiencia carcelaria se fueron agravando y la enfermedad le sobrepasó. Sufrió un ataque hepático y cardiaco que finalmente acabó con su vida.
Sus cenizas están ya en el monte guipuzcoano de Jaizkibel. El recuerdo imborrable de su bonhomía, de su generosidad, de sus sonrisas y de sus tristezas, de su compromiso con la vida, con la tierra (Ama Lurra), con el mundo rural, con el río Irati y el hermoso valle de Artze… está en el corazón de los que tuvimos la suerte de compartir algún retazo de su vida tan hermosa como dura. Su ejemplo de lucha, de sacrificio y de entrega nos hace un poco mejores, un poco más irreductibles.
El próximo 4 de Febrero se celebrará un homenaje en su querido valle de Artze, en una localidad que a la hora en que termino de escribir este tristísimo documento aún no se ha concretado. El día 4 nos reuniremos para gritar bien alto 'eskerrik asño Iñaki. Gora ama lurra, Irati bizirik!'... y el, de algún modo, estará con nosotros y nosotras, que le quisimos tanto.

Siete eufemismos del libre comercio

[Diagonal hamabosterokoan iada irakurrita nauzkaNan 7 eufemismoen bertsio digitala eskaintzen ziguteNK Tortuga talde antimilitaristakoek eta korrontearen aurkako izokinek ]

Siete eufemismos del libre comercio                 

La Real Academia del Salmón presenta... #TITRE
Un listado de eufemismos del TTIP y el CETA para ’entender’ cuáles son las ’bondades’ que hay que abrazar y las ’barreras’ para eliminar.
El Salmón Contracorriente


Tras las filtraciones de Greenpeace y su impacto social y mediático, las instituciones europeas y los medios liberales se han visto obligados a explicar en qué consisten esas cosas raras llamadas TTIP o CETA. Para ello utilizan una gran variedad de eufemismos positivistas que nos hacen “entender” las bondades del maravilloso libre comercio y otros negativos que nos muestran cuáles son las ‘barreras’ que hay que derribar.
Armonización
Como si se tratara de buscar la sintonía perfecta entre las normativas europeas y estadounidenses, la palabra ‘armonización’ es usada por los pro-TTIP para referirse al proceso por el que las distintas legislaciones, normativas y controles se igualan para que no haya diferencias entre las dos partes. Lo que no suelen explicar es que las grandes multinacionales y lobbies que tienen normativas más permisivas en su país no tienen la intención de dejar que aumenten esos controles, por lo que queda claro –y más viendo otros tratados firmados anteriormente– que esta armonización es un bonito eufemismo para referirse a “igualar a la baja”.
Barreras no arancelarias
Como si de un summum de eufemismos negativos se tratara, este concepto combina tres palabras que ya de por sí tienen connotación negativa. Esta técnica es usada para que el receptor entienda que de lo que se está hablando es de algo muy malo y que se tiene que eliminar. Pero lo que se esconde tras las “barreras no arancelarias” son legislaciones como la que prohíbe el uso de sustancias que no se haya probado que no son cancerígenas, las denominaciones de origen o los controles fitosanitarios. Para un comercio totalmente abierto, todo lo que sea una “barrera” para las mercancías es algo malo que se debe eliminar, incluida nuestra salud.
Normas proteccionistas
A las “barreras no arancelarias” también se les puede llamar normas proteccionistas. Utilizar el término ‘proteccionista’ con connotaciones negativas ha sido repetido y normalizado por el neoliberalismo. Para los defensores del libre comercio, los gobiernos no deben “proteger” sus mercados, sus empresas, su naturaleza ni a su población, porque el “proteger” está en contra del sagrado libre comercio.
Burocracia fronteriza
La palabra ‘burocracia’ siempre ha llevado la connotación de papeleo innecesario y trabas a algo que debería ser sencillo. Los defensores del libre comercio utilizan este término para hablar de los controles fronterizos que necesitan pasar las mercancías, para evitar, por ejemplo, que pollos bañados en cloro lleguen a nuestras mesas. Es bastante increíble que la UE o EE UU, donde para poder entrar o residir necesitas realizar bastante más que interminables trámites burocráticos si eres migrante, insistan en eliminar esa otra “burocracia fronteriza”.
Tribunales arbitrarios independientes privados
¡Toma ya! Nos superamos con un eufemismo de cuatro palabras. Los tribunales privados incluidos en los tratados de libre comercio deciden sobre los litigios entre empresas y gobiernos. Este concepto, más que un eufemismo, puede considerarse un oxímoron, ya que decir que algo privado que tiene que mediar entre gobiernos y empresas es ‘independiente’ cuesta de creer.
Cooperación reguladora
Como suele ser normal en el uso de los eufemismos, aquellos que los usan se apoderan de palabras tan positivas como ‘cooperación’ para esconder que tras esta ‘regulación’ sólo se encuentra la cooperación entre multinacionales y funcionarios de la Comisión Europea que nunca han sido votados. El “consejo de cooperación reguladora” de estos tratados pretende que estos actores sean los que puedan “cooperar” para modificar las leyes a medida que les vaya haciendo falta.
Productos de tecnología agrícola moderna
Con los transgénicos hemos topado. A pesar de que la mayoría de los expertos reconocen que el hambre en el mundo es un problema de distribución y no de escasez, la industria agroalimentaria de los Estados Unidos puja fuerte para que los estándares de seguridad se equiparen a la baja para poder inundar el mercado europeo de alimentos, semillas, herbicidas, etc., con su correspondiente patente. Las dificultades a la llegada de maíz y soja transgénicos no autorizados en Europa representaron un duro golpe para las exportaciones estadounidenses, por lo que no descartamos nuevos eufemismos modificados ideológicamente.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/31041-siete-eufemismos-del-libre-comercio.html

Marikana, una masacre “accidental”

Marikana, una masacre “accidental”

“Matad a esos bastardos. No quiero disparos de advertencia. Tenéis una bala y tiene que ser una bala mortal” (Sudáfrica. Susan Shabangu, ministra de Recursos Minerales en 2012).
El 16 de agosto de 2012 fueron asesinados 34 trabajadores en la mina de Lonmin (de propiedad inglesa). El 25 de junio de 2015 se presentaban los resultados de la comisión de investigación sobre la matanza de los 34 mineros. La comisión no establece responsables, no da reparaciones a las víctimas, no hace justicia.

El 16 de agosto de 2012, en una de las minas situadas en la pequeña localidad de Marikana y explotada por la empresa británica Lonmin, la policía sudafricana mató a 34 mineros en huelga, hirió de bala a otros 70 y detuvo a 270, que fueron posteriormente torturados. Diecisiete de los asesinatos fueron cometidos en la conocida como Escena I, un cerro en una tierra comunitaria, fuera de la mina. En ella la policía disparó indiscriminadamente contra el grupo de mineros previamente encapsulados entre alambre de espino. Los trabajadores, en ese momento, caminaban de vuelta a sus hogares en espera de una resolución negociada del conflicto. Los restantes 17 murieron en la conocida como Escena II, alejada 500 metros del primer escenario, adonde habían acudido a refugiarse tras el primer ataque de la policía. Estos asesinatos fueron cometidos 15 minutos después de la primera matanza. Varios mineros supervivientes y las autopsias realizadas a los cadáveres con posterioridad revelaron que la mayoría de estas personas fueron perseguidas y ejecutadas a sangre fría.

La huelga había comenzado el 9 de agosto, cuando un grupo de mineros autoorganizados y que rechazaban la intermediación del Sindicato Nacional de Mineros (NUM por sus siglas en inglés), aliado del Gobierno y de Lonmin, visitó las oficinas de ésta con la intención de negociar directamente con sus representantes una subida de salario hasta los 12.500 rands (950 euros aproximadamente). Entre aquel 9 de agosto y el día 15 murieron otras diez personas, entre ellas seis mineros, dos guardias de seguridad de la mina –también negros, también pobres– y dos policías. El día 16, antes de la masacre, se desplegaron en Marikana 650 policías con 4.000 unidades de munición y cuatro caravanas mortuorias con una capacidad para 16 cuerpos. El personal sanitario, en cambio, llegó una hora tarde. A pesar de estas evidencias, la Policía y el Gobierno defendieron que los agentes actuaron en defensa propia. Las imágenes de la masacre dieron la vuelta al mundo. Dentro del país, Marikana se convirtió en un símbolo y rememoró los peores momentos de la represión durante el régimen del apartheid, del que el Congreso Nacional Africano (ANC) prometió liberar a su pueblo a partir del Gobierno de Nelson Mandela.

Como respuesta, el Gobierno creó en septiembre de 2012 una comisión de investigación sobre la muerte de las 44 personas. Ésta ha acompañado a los sudafricanos durante estos tres últimos años, revelando el lado más oscuro de una democracia conquistada tras décadas de sangre y lágrimas, también negras y pobres. Su informe final, después de tres meses en manos del presidente, Jacob Zuma, fue hecho público el pasado día 25 de junio.


En estos casi tres años las comunidades alrededor de Marikana han estado acompañadas de sus condiciones históricas de pobreza, falta de vivienda digna, electricidad y agua potable, compartidas por la mayoría de las localidades mineras del país, así como de la represión y acoso por parte de la policía y otros actores. Durante los dos primeros años de la comisión diversos líderes sindicales, comunitarios y testigos clave fueron asesinados; algunos pequeños asentamientos, como Nkaneng, fueron militarizados y crecieron rápidamente las amenazas de perder el trabajo o de sufrir “accidentes” en la mina.

Sin embargo, a pesar de esta violencia, la lucha de los trabajadores del sector minero del platino, principal recurso mineral del país, ha crecido de forma inesperada en estos años. Tras seis semanas de huelga, en septiembre de 2012 los trabajadores de Marikana firmaron un acuerdo con Lonmin por el que se aumentaron sus salarios entre un 11% y un 22%. Esta noticia se propagó rápidamente por otras comunidades mineras del sector del platino y en enero de 2014 los empleados de las empresas Impala Platinum Holdings, Anglo American Platinum y Lonmin fueron juntos a una nueva huelga que duró cinco meses y con la que consiguieron una subida progresiva del salario mínimo de 5.000 a 8.000 rands en los tres años siguientes. La Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), un nuevo sindicato que intentó tener un papel mediador durante la huelga, se convirtió, al mismo tiempo, en el sindicato mayoritario en el sector.

Muchos errores y ninguna responsabilidad

Acorde con el trabajo de una comisión llena de mentiras, falsos testigos y obstaculizaciones a la investigación por parte de la policía y las instituciones públicas involucradas, el informe final concluye poco y ofende mucho, especialmente a los familiares de las víctimas, a quienes se negó la posibilidad de tener voz en las sesiones de la comisión aunque se permitió que estuvieran presentes en ellas para escuchar.

En sus más de 600 páginas no se desvela quiénes mataron a cada una de las 44 personas, no hay responsables, no hay justicia y no hay recomendaciones sobre la necesidad de reparación para las víctimas y sus familiares. Se afirma que la policía pudo “haber creído razonablemente” que su vida estaba en peligro en la primera escena y que no se puede decir mucho de lo que ocurrió en la segunda escena. La verdad se diluye entre el reconocimiento de “fallos de dirección y control”, “esfuerzos insuficientes” para evitar los hechos y la recomendación de “investigaciones adicionales”. Lonmin no hizo todo lo necesario para evitar los hechos violentos, AMCU y NUM tampoco, la policía cometió numerosos errores y la masacre no fue sino un “trágico incidente”. El informe, además, recomienda distintas medidas procedimentales para mejorar el manejo de futuras situaciones similares. ¿Es esto todo lo que valen 44 vidas?

Pero en Sudáfrica la vida de los negros pobres vale muy poco. Como recordaba en una entrevista en 2013 S’bu Zikode, fundador y presidente del movimiento social Abahlali baseMjondolo, “todos los días hay Marikanas en Sudáfrica”. En un país marcado por la desigualdad y la pobreza de la mayoría de su población, el acoso y la violencia hacia estas comunidades empobrecidas por parte tanto de la policía como de pandillas es una realidad cotidiana. En algunos casos, ambos actores, con la complicidad de las autoridades locales, actúan conjuntamente. Esta represión se legitima socialmente mediante una criminalización de las víctimas y organizaciones de base, identificadas así como grupos de problemáticos, enemigos del gobierno o criminales. Susan Shabangu, ministra de Recursos Minerales en 2012 e involucrada en las decisiones que llevaron a la matanza de Marikana, animó en 2008 a la policía sudafricana con las siguientes palabras: “Matad a esos bastardos [las personas identificadas como criminales] si os amenazan a vosotros o a la comunidad. No debéis preocuparos por las regulaciones. Ésa es mi responsabilidad […]. No quiero disparos de advertencia. Tenéis una bala y tiene que ser una bala mortal”.

De este mismo modo, unos días antes de hacer público el informe, Jacob Zuma declaró que “los mineros de Marikana recibieron disparos después de haber matado a personas”, legitimando así la masacre. Cyril Ramaphosa, líder sindicalista minero durante el apartheid, uno de los héroes de la lucha por la liberación y una de las personas más ricas y con mayor influencia política en el país, es hoy vicepresidente de Sudáfrica y del ANC. Durante la huelga, como accionista y miembro del consejo de dirección de Lonmin Platinum, exigió “una respuesta simultánea” a la policía ante lo que, en una comunicación privada con la dirección de la empresa minera, definió como “no un conflicto laboral, sino un acto criminal”.

Sin embargo, a la verdad oficial del informe de la comisión de investigación de la masacre de Marikana se opone la verdad histórica y política. La de los supervivientes, los familiares y parte de la sociedad, que no puede creer que nadie sea responsable. La verdad es un campo de batalla, y en él los familiares de los mineros asesinados afirman sin ambages que los responsables de la muerte de sus seres queridos, lo reconozcan o no, son Lonmin, el Estado y la Policía sudafricana. Así lo expresaron en una declaración conjunta después de la clausura de las sesiones de la comisión, en septiembre de 2014.
Los mineros fueron masacrados para evitar una ola de protestas en todo el país y para proteger los intereses empresariales nacionales e internacionales. Mientras, la vida de los mineros vale muy poco, apenas los cinco rands de cada bala utilizada en Marikana.

Autor: David Ramos y Helena Santos

Fuente: Diagonal


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Repercusiones económicas y ecólogicas del encarcelamiento masivo

Espetxeen inguruan hitz egitean hauek gabeko munduaren aldekoen hitzak interesatzen zaizkidaNK errepresio sisteman ez diNadalako sinesten beste batzuk sinesten dinateNan moduan. Ukazio osoataz hitz egiten ez badiNK ere gaiari buruz hitz egiteko nahiko modu desberdin-interesgarria iruditu zaidanez ren ondorengo testuarekin husten zaituztet: Espetxeen edo errepresioaren jaitsiera (decrecimiento represivo) edo...



Repercusiones económicas y ecólogicas del encarcelamiento masivo

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2015-09-30
(Publicado originalmente en Diagonal.)
Es bastante habitual en estos días encontrar declaraciones acerca del populismo, si bien nunca queda claro a qué se refieren con este término. Una peyorativa definición de populismo señala que son populistas aquellas políticas que prometen solucionar problemas complejos con recetas simplistas y poco meditadas. De acuerdo con esta definición, hay un ámbito en donde, sin duda, lleva décadas triunfando el populismo: me refiero al ámbito de la política criminal y la reforma penal. Las cerca de 30 reformas que ha sufrido el Código Penal desde 1995 han ido siempre en la línea del endurecimiento de las penas de prisión, tratando de atajar múltiples problemas sociales como la pobreza, la inmigración, la drogadicción o la enfermedad mental, con una sola respuesta: cárcel, cárcel y más cárcel. Se le ha llamado a este fenómenopopulismo punitivo, la utilización desmedida del derecho penal como receta mágica para solucionarlo todo, y se puede decir sin género de dudas que los dos partidos políticos gobernantes lo han practicado sin mesura, hasta convertirnos en uno de los países europeos con mayores tasas de encarcelamiento, pese a tener uno de los menores índices de criminalidad.
Polo.
Polo.
Hemos pasado de 41.900 personas en prisión en 1997 a 68.600 en 2012, o lo que es lo mismo, de una ratio de 106 a 146 presos por cada 100.000 habitantes (Noruega tiene una ratio de 65, Francia de 91, Italia de 97). Encarcelar a 26.700 personas más en 15 años no se ha debido a un aumento de la criminalidad, ha sido una opción política bipartidista de consecuencias terribles. Las consecuencias más severas las han sufrido las propias personas encarceladas y sus familias pues, pese a que el ideal constitucional reclama que las penas de prisión se orienten hacia la rehabilitación, lo cierto es que constituyen, principalmente, una imposición legal de privaciones y dolor por parte del Estado, con graves perjuicios sobre la salud física y psicológica de las personas.
Esta imposición organizada de sufrimiento sería democráticamente cuestionable, pero quizás aceptable, si contribuyera a alcanzar otros fines sociales dignos de protección. Sin embargo, es más que evidente que ni siquiera eso ocurre. Con la política de encarcelamiento masivo también pierde la ciudadanía, pues no se reduce la reincidencia ni se protege y repara a las víctimas. Si queremos vivir en una sociedad más pacífica, con menos delitos y con menos sufrimiento, debemos abandonar la idea de que la prisión lo soluciona todo y darnos cuenta, más bien, de que no soluciona nada y que hay respuestas mejores para esos problemas. Además debemos darnos cuenta de que, aunque nunca hayamos sufrido ni cometido un delito, el populismo punitivo nos perjudica directamente, pues también aumenta los recortes en políticas sociales y menoscaba las bases ecológicas de nuestra existencia.
Analizar las implicaciones ambientales y presupuestarias del populismo punitivo no supone menospreciar los dramas humanos que se encuentran detrás de cada persona entre rejas, sino que pretende abrir el debate sobre las consecuencias del encarcelamiento masivo a otros ámbitos, no estrictamente jurídicos, como los estudios del decrecimiento y la transición socioecológica o las indagaciones sobre la reconfiguración del Estado del Bienestar. También desde el punto de vista ecológico y económico, la política penal de la democracia ha sido un desastre insostenible.

Prisiones infinitas en un mundo finito

El presupuesto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de 2014 ascendió a 1.122 millones de euros. Dicho presupuesto es 83 veces superior al del Plan Nacional sobre Drogas y el doble del que recibió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Empleamos aproximadamente el mismo dinero en prisiones que en Dependencia y 300 millones más que en política de vivienda. Un preso en España cuesta unos 23.725 euros al año mientras que la beca estudiantil media es de 2.500 euros por curso y el gasto en Educación Primaria es de 6.400 euros por alumno. Es decir, por cada persona en prisión podríamos tener casi a 10 personas estudiando con beca o cubriríamos el gasto de casi 4 alumnos de primaria. Pero es que, además, en el presupuesto de la Secretaría General de II. PP. no se incluye el gasto en construcción de infraestructuras penitenciarias.
Si analizamos el periodo de 1997 a 2012, la construcción de prisiones en España ha seguido el vertiginoso ritmo de la burbuja inmobiliaria y se han edificado 60 inmuebles destinados a la reclusión de ciudadanos y ciudadanas. La promoción de estas obras recae en la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), una empresa pública que subcontrata la ejecución a las grandes de sector de la construcción (ACS, OHL, FCC, Sacyr…), que acostumbran a obtener gran parte de sus beneficios del presupuesto público en infraestructuras. Dada la tradicional falta de transparencia de nuestra Administración resulta difícil hacer un cálculo del dinero que se ha empleado en construir prisiones en los últimos años.
Centrándonos en las infraestructuras más costosas económica y ecológicamente, los llamados centros tipo (macrocárceles con capacidad para más de 2.000 internos), podemos certificar un coste total de 1.575 millones de euros de dinero público que ha sido invertido en la construcción de 20 centros tipo en 15 años. Algunos de estos Centro Tipo, como el de Archidona o Ceuta, permanecen cerrados pues no hay dinero para su apertura, recordando nuestra triste tradición de infraestructuras infrautilizadas como el Aeropuerto de Castellón. Si añadimos el coste de construcción de las prisiones al coste de mantenimiento de un preso en prisión, nos vamos acercando al coste del sistema penitenciario en su conjunto. Pero aún estamos lejos del coste real. Para ello deberíamos prestar atención a un coste que no suele tenerse en cuenta, y es el coste medioambiental.
Las macrocárceles son ecológicamente insostenibles no sólo porque suponen una infraestructura onerosa y sin beneficio social claro, sino también porque están situadas cada vez más lejos de las ciudades, incrementándose exponencialmente el coste energético por el transporte de personas y suministros. Algunos de los últimos Centros Tipo, como Castellón II, Sevilla II o Madrid VII, están a más de 60 kms del centro urbano más cercano, con lo que los traslados de funcionarios, presos y avituallamiento multiplican su huella ecológica, sin que este gasto en combustible y contaminación sea cuantificado en ninguna parte. Una persona que recorre 120 km en coche produce unos 19.200 gramos de C02y es obvio que en prisiones donde trabajan más de 500 personas y hay una ocupación media de 1.500 internos, se producen varios cientos de desplazamientos al día. El coste, en este caso, es aún más difícil de calcular pero vuelve ser medioambientalmente inasumible.
Cuando, a lo largo de estos 15 años, crecía el número de personas encarceladas a un ritmo de más de 1.500 al año, no nos preguntábamos como sociedad si este crecimiento era social, económica y ecológicamente sostenible. La vorágine constructora de la época dorada del ladrillo acompañaba y era más fácil edificar prisiones que hacernos preguntas como: ¿faltan prisiones o más bien sobran presos y presas?, ¿para qué sirve una prisión?, ¿es necesario y razonable encarcelar a cada vez más ciudadanas y ciudadanos?, ¿es sostenible esta manera de organizar nuestra sociedad? Quizás ha llegado el momento de intentar contestar estas preguntas.

Decrecer en represión: propuestas de moderación penal para el siglo XXI

Vivimos una época de crisis multidimensional (económica, ecológica, política, ética, de cuidados…), pero también es un momento de gran creatividad colectiva. Del mismo modo que nos atrevemos a plantear nuevas formas de hacer política, de consumir o de valorar las tareas reproductivas, podemos atrevernos a diseñar otras maneras de resolver esos conflictos que denominamos delitos. Las asociaciones y los movimientos sociales (de drogodependencias, de intervención contra la exclusión social, de familiares de personas presas, de lucha contra la represión…), apoyados por expertas de los ámbitos jurídicos y criminológicos, llevan años insistiendo en que otro derecho penal es posible. Para comenzar a delinear un sistema de actuación frente a los conflictos penales que sea acorde con la dignidad humana y con los límites del planeta, propongo partir de estos tres ejes:
  1. Relocalizar la Justicia. Estamos relocalizando la producción de alimentos y de energía, estamos potenciando lo local, pues sabemos que el desarrollo a escala humana es más eficiente y nos hace más felices. Ha llegado la hora también de resolver gran parte de nuestros conflictos a nivel local y comunitario. Países como Noruega o Reino Unido han establecido centros de mediación comunitaria y programas de rehabilitación en la comunidad, que han demostrado ser más eficaces en evitar la reincidencia y sobre todo en empoderar a la propia ciudadanía. Por el contrario, un sistema como el actual, centralizado y que desarraiga a las personas de su lugar de residencia, no sólo es caro e ineficaz, sino también incapaz de fomentar unas comunidades responsables y que cuiden de sus miembros más vulnerables.
  2. Reinvertir en la comunidad. Cada euro que gastamos en encarcelar a alguien es un euro que dejamos de invertir en solucionar las carencias que le llevaron a delinquir. Podemos revertir esta dinámica haciendo lo contrario: cada euro que ahorremos en represión, lo emplearemos en prevención y atención a la drogodependencias, en cuidado de las personas con enfermedad mental, en integración laboral, en política de vivienda, o en educación en el respeto al otro y en la igualdad de género. Si hubiéramos mantenido la misma tasa de encarcelamiento que en 1995, hoy tendríamos unos 500 millones de euros anuales más que invertir en aquello que sabemos que verdaderamente reduce el crimen: acabar con la desigualdad y la exclusión social.
  3. Adoptar el paradigma de la Justicia Restaurativa. Todos estos cambios suponen, en definitiva, transformar la manera en la que afrontamos el problema de la delincuencia. En vez de preguntarnos cómo castigar al infractor, debemos preguntarnos cómo arreglar el daño causado y cómo evitar que se repita. El paradigma de la Justicia Restaurativa, que está reconocido por la ONU y la Unión Europea, supone colocar las necesidades de las víctimas en primer lugar, y en facilitar que las personas infractoras se responsabilicen de sus propios actos, al tiempo que la sociedad también se preocupa de eliminar las carencias que le llevaron a delinquir. Las múltiples experiencias de mediación penal, que llevan años teniendo éxito en todo el Estado, demuestran que es posible conseguir un sistema de justicia humano y centrado en las necesidades de las personas.
Ahora se trata de articular estas y otras piezas para construir otro modelo de Justicia para otro modelo de sociedad.

¿Para qué sirve la publicidad?


¿Para qué sirve la publicidad?
Para los medios y los poderes públicos que la financian, la publicidad es un instrumento imprescindible para generar una opinión favorable.
Desde hace varias décadas, se escucha con frecuencia en los círculos publicitarios la siguiente frase, atribuida a uno de los grandes anunciantes históricos:“Sé que la mitad del dinero que invierto en publicidad es dinero perdido. El problema es que no sé qué mitad es”.
Lo que latía bajo la frase atribuida al anunciante famoso es la sospecha de incertidumbre y de derroche asociada desde siempre a la ­publicidad. La sensación de que, por mucho que agencias y anunciantes traten de aquilatar al máximo sus presupuestos, siempre subsiste una incógnita que hace que la eficacia de la publicidad sea una de las cuestiones más debatidas por los especialistas. Y el remedio casi siempre consiste –o más bien consistía antes de la llegada de la crisis– en engordar más allá de lo razonable los presupuestos publicitarios como una forma en cierto modo desesperada de tratar de paliar esa incertidumbre.
Pero la duda en torno a la eficacia de la publicidad también se aprecia en una curiosa campaña que sigue emitiendo año tras año –y cuando los periódicos, las revistas y las televisiones adelgazan con la llegada del calor– la Asociación para la Autorregulación de la Comuni­cación Comercial, más conocida como Autocontrol de la Publicidad. El spot correspondiente a la campaña muestra una ciudad y unos medios de comunicación desprovistos de publicidad, antes de que una locutora en off se pregunte: “La publicidad, ¿a quién le importa?”; para contestarse a sí misma que la publicidad importa a muchos. Y, obviamente, entre esos “muchos” están los anunciantes, los medios de comunicación que viven de la publicidad, los profesionales que la condimentan… Pero uno se ve inclinado a preguntarse: ¿no son también muchos los que preferirían ver las calles de su ciudad –como ya sucede en São Paulo– desprovistas de publicidad? ¿Y no son también muchos los que preferirían ver sus televisores carentes de una publicidad que interrumpe sus programas favoritos o que les propone unos patrones de consumo que están, tal vez, en notoria contradicción con su situación económica? Por eso, los responsables de Autocontrol deberían pensárselo dos veces antes de volver a emitir una vez más la susodicha campaña: tal vez la publicidad importa a la gente en general mucho menos de lo que ellos piensan.Hay medios de comunicación que viven casi exclusivamente de la publicidad institucional
Hay, sin embargo, un sector al que la publicidad importa mucho y no se plantea en ningún momento para qué sirve. Me refiero a ese férreo y curtido engranaje que aglutina a un fragmento del sector público y a otro de los medios de comunicación en torno a la publicidad institucional.
La cosa funciona más o menos del siguiente modo. Un determinado organismo público, ya pertenezca a la Administración central, ­autonómica o local, dispone de un presupuesto destinado a la publicidad –hoy se prefiere hablar de comunicación– y que debe traducir en anuncios y campañas que insertar en los medios de comunicación de su ámbito de competencia. Ahora bien, cuanto más pequeño es este ámbito de acción y más reducidos son, en consecuencia, tales medios, más posibilidad existe de que la distribución de esos presupuestos entre los medios responda a criterios, digamos, “subjetivos”. Y ajustado el punto de mira, ya sólo hace falta apretar el gatillo: la publicidad institucional se convierte en uno de los instrumentos más decisivos de que disponen determinados organismos públicos y poderes, especialmente de ámbito local o autonómico, para convertir a los medios pertenecientes a su ámbito de incidencia en sus portavoces.

Poderes públicos

La presión que los anunciantes hacen o pueden hacer sobre los medios no se limita, obviamente, a los poderes públicos. Es famoso el veto que Telefónica impuso durante un tiempo al diario El Mundo por haber publicado una información contraria a sus intereses. También es famoso el boicot que numerosos anunciantes hicieron a finales de 2011 del programa de Telecinco La Noria. Otro programa de la misma cadena, Campamento de verano, fue saboteado en el verano de 2013 por algunos anunciantes por emitir “contenidos que degradan a la mujer”. Y así podríamos proseguir la lista con otros muchos casos. Pero ninguno de ellos iguala lo que sucede en el caso de la publicidad institucional, especialmente en los ámbitos autonómico y local. Hay medios de comunicación dentro de estos ámbitos que viven casi exclusivamente de este tipo de publicidad. Y cuando ésta, como ha sucedido recientemente, experimenta una drástica reducción, el único remedio, tal como ha sucedido en numerosos casos, es echar el cierre.
Así que volvemos a la pregunta inicial: ¿para qué sirve la publicidad? Para la gran mayoría de los ciudadanos, la respuesta es más que dudosa. Para los medios de comunicación que viven de la publicidad institucional y los poderes públicos que la financian, el tema no admite duda: es el instrumento imprescindible para generar una opinión favorable, que a su vez se traducirá en una clientela fiel, cuyo rédito se cobrará en las próximas elecciones municipales o autonómicas.

La trampa del lujo

La trampa del lujo
El autor reflexiona sobre el sentido de las pequeñas dosis de lujo que inoculan marcas que se sitúan al margen del poder adquisitivo de las mayorías.
Cómo nace el consumismo. Una breve historia de antropología económica.
Spots televisivos, revistas de papel cuché, suplementos dominicales y soportes de publicidad exterior no cesan de ponerlos al alcance de nuestros ojos y, por tanto, de nuestro deseo: productos de lujo que se nos ofrecen tentadores a nuestra mirada con toda su carga de seducción a cuestas: perfumes, coches de alta gama, tratamientos de belleza, vestidos y trajes de las firmas más cotizadas del mundo... Con la particularidad de que la inmensa mayoría de esos productos no están al alcance de nuestro poder adquisitivo.
¿Cuál es, entonces, el objetivo de esa exhibición pública que podemos calificar de obscena? ¿Por qué la publicidad de tales productos de lujo no está recluida en los circuitos sólo accesibles a las élites a las que están naturalmente destinados, de manera que no contamine la escena pública; con lo cual, por lo demás, su rentabilidad publicitaria se multiplicaría por muchos enteros?
Hay dos explicaciones al efecto. La primera es de índole pragmática y corresponde a las estrategias de márketing que desarrollan la gran mayoría de los fabricantes de tales productos elitistas. Nuestro poder adquisitivo no alcanza con toda probabilidad para adquirir un Mer­cedes clase S, un bolso de Loewe o bien para embutir nuestro esqueleto en un arquetípico traje de Armani o una creación de alta costura de Dior. Pero tal vez con un poco de suerte sí llegue para comprarnos un Smart –que, a fin de cuentas, es igualmente un producto de la empresa alemana–, para regalar a nuestra pareja con motivo de una ocasión especial una fragancia, un desodorante o un after shave de Loewe o bien para permitirnos de cuando en cuando una fruslería de Armani o un lápiz labial de Dior. Productos éstos que corresponden a lo que los expertos llaman “políticas de extensión de marca” y que, al margen de aumentar su rentabilidad y su presencia en el mercado, cumplen la función de hacernos participar, de manera si se quiere vicaria, en el imaginario de la marca de lujo, sintiéndonos en cierta medida, en lo más secreto de nuestro subconsciente, parte de esa minoría privilegiada que sí posee un Mercedes clase S, un bolso de Loewe, uno o varios trajes de Armani y hasta un modelo de alta costura de Dior.
La publicidad
encauza nuestras expectativas según marcan las exiguas minorías que nos gobiernan
La segunda es de carácter más sutil. ¿Por qué las marcas de lujo exhiben sus creaciones ante un público masivo que no dispone ni remotamente de los medios para ser su “público objetivo”? La razón profunda es la siguiente: están marcando el horizonte de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones. No nos sentimos en absoluto formando parte de esa minoría exquisita y refinada a la que se destinan por definición tales productos de lujo, pero sí podemos aspirar a ser miembros de la misma. Y puesto que la publicidad nos pone tales productos al alcance de nuestra mirada deseante, tendemos a vivir la ilusión de que ya estamos integrados en ella.
Es de este modo como la publicidad en general, y la publicidad de productos de lujo en particular, cumple uno de sus objetivos más perversos y, por lo demás, menos conocidos:encauzar nuestras expectativas individuales y sociales en el sentido que marcan las exiguas minorías que nos gobiernan. Y con ello, contribuir a preservar el orden establecido.

El embrujo del orden social

El mecanismo es tan sutil como difícil de desentrañar. La exposición pública de los productos de lujo a través de la publicidad cumple, por así decir, una función delegada. En la medida que el ciudadano de a pie se deja llevar por el embrujo o la seducción que aquéllos provocan, se va adhiriendo sin saberlo al orden social que existe en su base. Incluso cabría decir que los elementos de que el márketing se vale para producir tal embrujo –desde la sofisticación del envase de un perfume hasta la belleza etérea de la modelo que lo anuncia– persiguen como objetivo último obtener dicha adhesión. Y de este modo empieza a entenderse el papel institucional que, en detrimento de otras instituciones históricas, cumple hoy en día la publicidad. Y de este modo tal vez resulte comprensible que, en una nación como la nuestra con una cuarta parte de su población en paro, aún no se haya producido una explosión social.
Y porque la exhibición publicitaria del lujo en los medios masivos no es finalmente otra cosa que una trampa, ello no es incompatible con que el lujo “de verdad” resulte por definición inalcanzable para las grandes mayorías. Esto es lo que venía a proclamar un reciente titular del suplemento dedicado a la moda del autodenominado “periódico global” en español: “Hiperlujo contra lujo democrático: la élite reclama un giro a lo ultraexclusivo para distinguirse de las masas”.
Hasta aquí, amigo Sancho, hemos llegado. Una cosa es que la exhibición publicitaria de los objetos de lujo cumpla el papel institucional y socialmente integrador que aquí hemos comentado. Otra cosa muy distinta es que las “masas” se tomen en serio esa exhibición y aspiren nada menos que a disputarnos nuestros Mercedes serie S, nuestros bolsos de Loewe y nuestros trajes de Armani.