Para los norteamericanos aquel negocio
resultaba redondo: se vendía la tecnología PWR (Pressurized Water
Reactor) de la Westinghouse y BWR (Boiling Water Reactor) de la General
Electric; se concedían los créditos en dólares del Chase Manhattan Bank,
Citicorp y Eximbank y se ofrecía asesoramiento científico y
tecnológico. La Chevron se encargaría también de explotar los
yacimientos de uranio localizados en diferentes regiones españolas
(objetivo empresarial que no logró gracias a la oposición popular y de
los ayuntamientos afectados). En cierta medida esta ambición del
franquismo comportó una cesión de soberanía mediante acuerdos
bilaterales, el Tratado de Amistad y Cooperación y la instalación de
bases norteamericanas en territorio nacional.
El “lobby” nuclear, heredero del franquismo
A pesar de la fuerte represión a los
antinucleares y de aplicar la censura en los medio de comunicación el
faraónico plan nuclear- más propio de un megalómano como era Franco
impresionado por el impacto de las bombas atómicas sobre Hiroshima y
Nagasaki- no pudo llevarse a cabo en su totalidad. En el País Vasco
(Euskadi) la movilización de asociaciones como la Comisión de Defensa de
una Costa Vasca no nuclear y la acción del grupo armado ETA impidió que
la eléctrica Iberduero construyese las centrales de Lemóniz, Ea y Deva.
En Cataluña las cofradías de pescadores y agricultores lograron frenar
la instalación de dos reactores en la Ametlla de Mar, una de las
poblaciones pesqueras más florecientes del litoral de Tarragona, pero no
pudieron evitar la construcción de la central de Vandellòs en el golfo
de Sant Jordi, a pocos kilómetros, y la de Ascó, a orillas del caudaloso
río Ebro. Hubo también oposición antinuclear en Extremadura, Aragón,
Andalucía, Navarra, Galicia y Cantabria contra otros proyectos
nucleares. La lucha antinuclear se cobró una víctima, la ecopacifista
vasca Gladys del Estal que murió por disparos de un guardia civil el 3
de junio de 1979 durante una jornada contra la nuclearización de Euskadi
que se organizó en Tudela (Navarra).
La Junta de Energía Nuclear y el Gobierno
de Carrero Blanco, dominado durante la década de los 60 por tecnócratas
del Opus Dei, se contentaron con imponer siete centrales nucleares y un
total de diez reactores: José Cabrera, en Zorita (Guadalajara),un PWR
con una potencia de 150 MW (el primer que fue inaugurado por Franco el
12 de diciembre de 1968, y clausurado en el 2006); Santa María de
Garoña, en Burgos, un BWR de 466 MW, clausurado en 2013 pero que podría
reabrirse en el 2015; Almaraz, en Cáceres, dos reactores PWR de 980 y
984 MW; Ascó, en Tarragona, dos reactores PWR de 1.032 y 1.027 MW
respectivamente; Cofrentes, en Valencia, un BWR de1.092 MW; Vandellós,
en Tarragona, con un reactor de grafito-gas de 480 MW, el único de
tecnología francesa (clausurado en 1989 después de un grave incendio) y
otro PWR de 1.087 MW y Trillo, en Guadalajara, un PWR de 1.066 MW.
El brutal coste financiero del plan
energético inicial y la necesidad de una gran demanda de uranio frenó
los delirios atómicos del almirante Carrero Blanco. Sin embargo el
teniente general Juan Vigón, director de la Escuela Superior del
Ejército y Ministro del Aire del tercer y cuarto gobierno de Franco, así
como el general de división Eduardo Hernández Vidal y el contralmirante
José María Otero Navascués (que presidió la JEN de 1958 hasta 1974)
consideraron que el parque nuclear civil ya era suficiente para lograr
disponer de uranio enriquecido y plutonio en los laboratorios especiales
previstos en un gran complejo que se construiría en Cubo de la Solana
(Soria). La “tapadera” para desarrollar el arma nuclear fue la creación
de la Junta de Investigaciones Atómicas y la sociedad secreta Estudios y
Patentes de Aleaciones Especiales (Epale). Entre los científicos que
asesoraron a los militares franquistas para obtener plutonio hay que
destacar al profesor Paul Scherrer, del Instituto de Física de la
Universidad de Zürich (que sería impulsor del CERN); Werner Heisenberg y
Karl Wirtz del Instituto Max Planck de Götingen. Otros contactos a lo
largo de los primeros años fueron Samuel K. Allison, de la Universidad
de Chicago, y Bertrand Goldschmidt, en quien De Gaulle había confiado
para aislar los primeros miligramos de plutonio (1).
El puto amigo americano
La estrategia energética del franquismo
para superar el aislamiento internacional de la Dictadura fue abrirse al
mercado nuclear norteamericano y crear empresas eléctricas y bancos
(Central, Banesto, Urquijo, Hispano Americano…) cuyos consejos de
administración estaban regidos por militares y financieros que habían
apoyado golpe fascista contra la República (como el magnate Juan March
que dominó la compañía eléctrica Fecsa-Fuerzas Eléctricas de Cataluña- o
José María Oriol y Urquijo que fue presidente de Hidroeléctrica
Española y UNESA). El apoyo del FMI, del Banco Mundial y del grupo
Rockefeller al ingreso de España en las NN.UU.
el 14 de diciembre de 1955 fue a cambio de una colonización sin
precedentes (acuerdos hispano-norteamericanos o Pacto de Madrid en 1953 y
en 1955; instalación de las bases USA en Rota, Morón y Torrejón de
Ardoz; créditos para la construcción de centrales nucleares y compra de
armamento; sucursales bancarias y multinacionales norteamericanas
dominando el sector energético y agrícola).
Sin embargo cuando llegó la hora de la
verdad el Pentágono se negó rotundamente a que España ingresara en el
“club atómico” a pesar de haber invertido millones de dólares en
prepararse para obtener plutonio (el almirante Luis Carrero Blanco, que
estaba destinado a suceder a Franco, aspiraba a construir submarinos
atómicos) y en consecuencia se negaba a firmar el Tratado de No
Proliferación Nuclear (TNPN). Así se lo transmitió a Henry Kissinger,
durante su visita que el Secretario de Estado hizo a Madrid el 19 de
diciembre de 1973, el día antes que el almirante falleciera en un
atentado perpetrado por ETA (sobre el que algunos analistas vieron la
mano negra de la CIA). Tampoco quiso firmar el TNPN el presidente Adolfo
Suárez que antes de 1981 deseaba disponer de una bomba atómica táctica
transportada por la fuerza aérea española (2).
Las presiones del Pentágono sobre el
Gobierno socialista de Felipe González (que optó por el ingreso en la
OTAN) hicieron que, finalmente, el 10 de abril de 1987 España
subscribiese el TNPN y desistiera de su sueño atómico.
El modelo energético español estaba ya
sólidamente dependiente de la energía nuclear (especialmente en
Cataluña, autonomía que genera el 19% del PIB español, y consume el 50%
de su energía eléctrica producida en las centrales de Ascó y Vandellós).
El fraude de la “Transición democrática”
Los Pactos de la Moncloa firmados en
Madrid el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno de Adolfo Suárez y los
principales partidos políticos- entre ellos el Partido Comunista (que
no se opuso al contrato de suministro de uranio enriquecido entre la
Empresa Nacional del Uranio (Enusa) y la multinacional soviética
Techsnabexport) (3) dejaron intactas las estructuras energéticas
heredadas del franquismo y comportaron la consolidación de la energía
nuclear. Las exigencias de las organizaciones antinucleares y
ecologistas, que pedían una auditoría del sector y una moratoria, no
fueron oídas. Por otra parte la banca norteamericana quería terminar de
cobrar los créditos concedidos para la construcción de las centrales
nucleares y deseaba seguir dominando desde el exterior un sector tan
estratégico como el energético (los EE.UU. también suministraban a España uranio enriquecido)
Con los años la Empresa Nacional del
Uranio (Enusa), fundada en 1972, i Tecnatom, creada en 1957, se habían
fortalecido actuando en el negocio nuclear internacional, tanto en la
gestión y compra de uranio enriquecido hasta la fabricación de
combustible y prestación de servicios a diversos países, especialmente
latinoamericanos, exportando el 65% de la producción de elementos
combustibles de su planta de Juzbado (Salamanca).
El sector energético español es
consecuencia de estos antecedentes y de una oligarquía eléctrica que
hoy, gracias a la connivencia con el Gobierno Rajoy, ha logrado frenar
el desarrollo de las energías del sol (especialmente centrales solares y
parques eólicos) temerosa de perder sus privilegios y el negocio
derivado de la electricidad nuclear (Endesa e Iberdrola lideran el
sector) y del gas natural (monopolizado por Gas Natura-Fenosa).
Tras la llegada al poder del PSOE en 1982
se suspendieron los ambiciosos programas nucleares por la presión
ecologista (movilizada tras el accidente de la central de Three Mile
Island el 28 de marzo de 1979) y por los colosales costes financieros
que comportaban. El Gobierno de Felipe González aprobó una moratoria en
1984 y en 1991 se paralizaron las obras de siete centrales: Lemóniz I y
II (Vizcaya), Valdecaballeros I y II (Badajoz), Trillo II (Guadalajara),
Regodola I (Lugo) y Sáyago I (Zamora). Las pérdidas alcanzaron 729.000
millones de pesetas de la época. Para compensar al “lobby” nuclear el
Estado aprobó en 1997 una disposición que permitía a las eléctricas
cobrar hasta el 2020 un porcentaje para recuperar las inversiones a
través de la factura que pagan los consumidores. Debido a la disminución
de los tipos de interés y al fuerte aumento de la demanda eléctrica, en
2006 se modificaron los criterios de la moratoria, al amortizarse más
rápidamente de lo previsto la deuda contraída. Así se disminuyó el
porcentaje pagado en la factura eléctrica, pasando de un 1,72% a un
0,33% disminuyendo a su vez el plazo de amortización hasta el año 2015.
Con la moratoria el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) sirvió los intereses estratégicos del “lobby”
nuclear agobiado por los elevados costes de los reactores debido a las
nuevas medidas de seguridad impuestas por la AIEA y rescató
financieramente a unas compañías eléctricas que se hallaban al borde del
colapso.
El cierre de la central de Garoña
El síndrome del accidente de Fukushima,
que comportó una reacción crítica contra las centrales nucleares en
algunos países de la Unión Europea, como Alemania (que ha optado por el
cierre progresivo de sus 17 centrales nucleares a partir del 2020), o
como Italia que optó por realizar un referéndum nuclear, no afectaron a
la política energética española. El ex presidente Felipe González,
contratado por Gas Natural–Fenosa, ya dijo en el 2006 que la moratoria
nuclear que decretó su Gobierno se debió a las dificultades de resolver
el problema de los residuos radiactivos, cosa que ahora, según el líder
socialista, ha mejorado tecnológicamente (?) “Hay que replantear la
moratoria”, vaticinó (4). Sin embargo la liberalización del sector
energético no impide que las compañías eléctricas puedan construir
nuevas centrales nucleares en España, aunque con la opinión pública
contraria y sin poder recibir las ayudas fiscales que tuvieron en el
pasado les ha hecho desistir.
La patronal eléctrica española, que no
parece querer aplicar a fondo las propuestas de seguridad exigidas por
la UE (los llamados “test stress”) para prevenir accidentes con fusión
del núcleo como los ocurridos en la central de Fukushima, ha propuesto
al Gobierno Rajoy alargar la vida de las centrales que funcionan hasta
60 años, siguiendo las instrucciones del “lobby” nuclear norteamericano y
de las multinacionales Westinghouse y General Electric. Un ejemplo lo
tenemos en Nucleonor (participada por Endesa-Enel e Iberdrola), titular
de la central de Garoña, que ha presentado al Ministerio de Industria la
solicitud para renovar el permiso de funcionamiento de la planta
inaugurada hacer 43 años y que dejó de producir electricidad a finales
de diciembre de 2012. La eléctrica pretende ampliar la vida útil de la
instalación hasta el 2 de marzo de 2031, es decir, 17 años más,
cambiando todo su sistema de refrigeración.
El Consejo de Seguridad Nuclear,
controlado por los nucleócratas, está dispuesto a darle luz verde.
Greenpeace y las organizaciones de agricultores temen los efectos de un
accidente grave que destruiría toda la cuenca del río Ebro y arruinaría
sus cosechas. ¡140.000 hectáreas de regadíos resultarían afectadas!
Nucleonor responde que hay 23 centrales BWR en Estados Unidos parecidas a
la de Garoña que han logrado el permiso para seguir produciendo hasta
un período de vida de 60 años. De lograr este alargamiento los
beneficios de las eléctricas españolas serían superiores a los 40.000
millones de euros mientras que el Estado ingresaría por la tasa nuclear
unos 1.200 millones de euros.
Los pioneros antinucleares han
reaccionado lanzando un manifiesto para cerrar definitivamente Garoña y
desnuclearizar España y Europa. Mario Gaviria (Navarra), José Allende
(Euskadi), Pedro Costa Morata (Murcia), José Manuel Naredo (Madrid),
Juan Serna (Extremadura), Josep Puig, Xavier Garcia y Santiago Vilanova
(Cataluña), entre otros, recuerdan, entre sus argumentos, que el
Consorcio de Seguro Español, uno de los más antiguos del mundo, cubre
ciertos riegos de catástrofes nucleares, pero no cubre el riesgo de una
catástrofe nuclear. También proponen para la UE “el modelo
alemán-danés.nórdico basado en las energías renovables como alternativa
al fracaso del modelo francés nuclearizado”.
En España socialistas y populares siguen
atados al “lobby” nuclear. Su parque nuclear es el que registra más
incidentes y paradas técnicas de la UE, especialmente las centrales de
Ascó y Vandellós en Cataluña (registran el 43% de todos los incidentes
del parque español). El 19 de octubre se cumplirán 25 años del grave
incendio en la central de Vandellós I, explotada por la sociedad
hispano-francesa Hifrensa, y cuyos residuos eran enviados en tren al
centro militar de Marcoule (Francia) para obtener uranio altamente
enriquecido y plutonio. El incendio pudo haber provocado una catástrofe
del mismo nivel de la ocurrida en Chernóbil. Pero el núcleo no quedó
afectado y únicamente se produjo una polución química debida a la quema
de quince toneladas de aceites con PCB de los transformadores. La Junta
de Energía Nuclear franquista había optado por la tecnología francesa de
grafito-gas con la clara intención de derivar los residuos hacia la
vertiente militar. El industrial catalán que pactó la instalación con el
general De Gaulle, Pere Duran Farell, logró para su
empresa,Hidroeléctrica de Cataluña (Hidruña), que tenía una
participación de un 23% en Hifrensa, enormes beneficios fiscales y
créditos a muy bajo interés. Ahora el desmantelamiento del reactor se
financia con las facturas eléctricas de los consumidores y a falta de un
Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta radiactividad
(proyectado en Villar de Cañas, Cuenca, y aún no adjudicado por el
Consejo de Seguridad Nuclear) los residuos de Vandellós siguen
almacenados en Francia y cuestan a ENRESA, la empresa estatal de
residuos radiactivos, 60.000 euros al día. Un despilfarro increíble de
dinero público.
Nucleócratas españoles
Los problemas ambientales y de seguridad
del parque nuclear español están sometidos, como en la época franquista,
al silencio de los grandes medios informativos. Las eléctricas tienen
presencia en los consejos de administración de los periódicos más
leídos, como La Vanguardia y El País, e invierten grandes sumas de
dinero en publicidad. Lo mismo ocurre en las televisiones públicas y
privadas donde el debate nuclear es inexistente. Las principales voces
de los líderes antinucleares y ecologistas están censuradas y cuando se
llega a publicar algún libro o ensayo crítico contra la energía nuclear
no recibe ninguna divulgación significativa. El Fórum Atómico Español,
asociación financiada por la patronal eléctrica, extiende sus tentáculos
por toda el espacio mediático. A las organizaciones antinucleares no
les queda otra alternativa que acudir a Internet. Gracias a ello se ha
podido denunciar en la red la connivencia entre los grandes partidos
políticos y la oligarquía eléctrica (el ex presidente Aznar ha sido
contratado por Endesa y el ex presidente González trabaja al servicio de
Gas Natural-Fenosa). En Cataluña la coordinadora de entidades agrupadas
en la Plataforma Ciudadana para un Nuevo Modelo Energético, con el
apoyo de 40.000 firmas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía
Anticorrupción para que investigue la connivencia entre los partidos
políticos y las principales empresas energéticas del país. Algo parecido
a lo que está ocurriendo en Japón después del accidente de Fukushima
para lograr cambiar la opinión popular contra la puesta en marcha de las
48 centrales nucleares paralizadas. La Autoridad de Regulación Nuclear
(NRA) nipona, como el Consejo de Seguridad Nuclear español, está bajo el
control de las compañías eléctricas.
“La energía nuclear es la energía del
futuro cuyo tiempo ya pasó”, oí decir irónicamente a Amory Lovins. Pero
ni Three Mile Island, ni Chernóbil, ni Fukushima han servido para
cambiar el rumbo y la inercia del “lobby” atómico mundial, estrechamente
vinculado a los usos militares de la energía nuclear. La opinión
pública es claramente contraria a que se siga produciendo electricidad
mediante la fisión por los riegos que comporta- a pesar de los informes
manipulados de la OMS del impacto sanitario de Chernóbil y Fukushima- y
por su gestión centralizada, policial y autoritaria. Pero la paradoja es
que las estructuras políticas de los Estados nucleares están
corrompidas y son difíciles de derrumbar. Tal vez la creación de nuevos
Estados, con Constituciones ecológicas basadas en una democracia
participativa, puedan gestionar su política energética de forma más
razonable y a favor de un modelo basado en las energías del sol. Los
ecologistas españoles suelen reivindicar la fórmula de acudir a
consultas populares como lo hacen Suiza y Suecia para cuestiones tan
trascendentales como el modelo energético. Es lo que proponen también
organizaciones ecologistas independentistas en Escocia y Cataluña,
naciones donde se ha iniciado un proceso secesionista de base popular y
democrática.
Las subvenciones a las energías fósiles a
nivel mundial superan anualmente los 400.000 millones de euros mientras
que las renovables sólo reciben 70.000 millones de euros. España es un
país con fuerte radiación solar y sin embargo Alemania la supera en
metros cuadrados de instalaciones solares térmicas en las viviendas. ¡En
el 2010 las plantas eólicas y solares españolas redujeron la
importación de combustibles fósiles en 45.000 millones de euros! El
negocio energético español, de 120 a 130 mil millones de euros al año,
empezaba a tambalearse. Y el Gobierno Rajoy sirvió en bandeja a las
eléctricas un decreto que ha recortado las subvenciones a las energías
del sol y creado fuertes impuestos para detener el autoconsumo. Miles de
inversores han perdido sus ahorros y las energías eólica y solar han
sufrido un grave retroceso. El gas natural ha sido el gran beneficiado.
Tanto es así que la sobrecapacidad del sistema eléctrico y de gas
facilita el negocio de la exportación a Japón, Corea del Sur y
Argentina.
El debate nuclear en España se halla
aparcado debido a los graves problemas económicos, sociales y de
corrupción política al más alto nivel; por un alarmante incremento del
paro, la pobreza energética y la solidaridad entre autonomías. De no
producirse un accidente grave en alguna de las centrales nucleares en
funcionamiento – que nadie desea- habrá que esperar la evolución que
tenga un modelo energético europeo unificado que opte por las renovables
y el cierre progresivo de las nucleares (aunque el nombramiento de
Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura del Gobierno Rajoy, como
Comisario de Energía y Cambio Climático no augura nada bueno ya que
parece estar dispuesto a defender la energía nuclear con la falsa excusa
de frenar el cambio climático).
España que, prescindiendo de coyunturas
políticas partidistas, podía haber liderado la revolución solar sigue
siendo un feudo del “lobby” nuclear. Como hemos visto el dictador Franco
lo dejó atado y bien atado. Pero los antinucleares no perdemos la
esperanza y seguiremos nuestro pacífico combate en defensa de una Europa
desnuclearizada.
Santiago Vilanova
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(1) Santiago Vilanova, La bomba atómica de Franco. Los objetivos
militares de la energía nuclear en España, Llibres de l´Índex,
Barcelona, 2011; Fukushima, el declive nuclear (Icaria,Barcelona, 2012).
(2) Espagne: Le gouvernement souhaiterait disposer de la bombe atomique, Le Monde, 24-VIII-1979.
(3) El acuerdo entre la Empresa Nacional
del Uranio (Enusa) y Techsnabexport se gestó en 1974 entre el presidente
de Enusa, Juan Basabe, y el presidente de la multinacional soviética,
Yeugeni Zahkov, siendo corroborado por el presidente de la Junta de
Energía Nuclear española, el teniente general Jesús Olivares Baqué. El
contrato sería ratificado en 1979 por el Gobierno de Adolfo Suárez y
superaba los 400 millones de dólares. En él se acordó que por cada 450
toneladas de uranio natural que ENUSA enviara a la URSS la sociedad
Techsnabexport devolvería al Gobierno español 75 toneladas de uranio
enriquecido. El contrato se desveló gracias a un artículo del director
del departamento de países occidentales del Ministerio de Comercio
Exterior de la URSS, Vladimir Simakov, recogido por la delegación de la
agencia Efe en Moscú durante el verano de 1977.
(4) “Yo tomé la decisión de la moratoria
nuclear hace veintitantos años por dos razones: la seguridad y el agobio
y sobre responsabilidad que suponía la imposibilidad de eliminar los
residuos radiactivos. Pero esas circunstancias han cambiado gracias a la
seguridad, con la mejora tecnológica de las instalaciones, y los
avances sustanciales en la gestión de los residuos por lo que debemos
replantearla”. (El País, 21-X-2006. Declaración del ex presidente Felipe
González en la Asamblea General del Club de Madrid del 20 de octubre de
2006).
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