“Matad a esos bastardos. No quiero disparos de advertencia. Tenéis una bala y tiene que ser una bala mortal” (Sudáfrica. Susan Shabangu, ministra de Recursos Minerales en 2012).
El 16 de agosto de 2012, en una de las minas situadas en la pequeña localidad de Marikana y explotada por la empresa británica Lonmin, la policía sudafricana mató a 34 mineros en huelga, hirió de bala a otros 70 y detuvo a 270, que fueron posteriormente torturados. Diecisiete de los asesinatos fueron cometidos en la conocida como Escena I, un cerro en una tierra comunitaria, fuera de la mina. En ella la policía disparó indiscriminadamente contra el grupo de mineros previamente encapsulados entre alambre de espino. Los trabajadores, en ese momento, caminaban de vuelta a sus hogares en espera de una resolución negociada del conflicto. Los restantes 17 murieron en la conocida como Escena II, alejada 500 metros del primer escenario, adonde habían acudido a refugiarse tras el primer ataque de la policía. Estos asesinatos fueron cometidos 15 minutos después de la primera matanza. Varios mineros supervivientes y las autopsias realizadas a los cadáveres con posterioridad revelaron que la mayoría de estas personas fueron perseguidas y ejecutadas a sangre fría.
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La huelga había comenzado el 9 de agosto, cuando un grupo de mineros autoorganizados y que rechazaban la intermediación del Sindicato Nacional de Mineros (NUM por sus siglas en inglés), aliado del Gobierno y de Lonmin, visitó las oficinas de ésta con la intención de negociar directamente con sus representantes una subida de salario hasta los 12.500 rands (950 euros aproximadamente). Entre aquel 9 de agosto y el día 15 murieron otras diez personas, entre ellas seis mineros, dos guardias de seguridad de la mina –también negros, también pobres– y dos policías. El día 16, antes de la masacre, se desplegaron en Marikana 650 policías con 4.000 unidades de munición y cuatro caravanas mortuorias con una capacidad para 16 cuerpos. El personal sanitario, en cambio, llegó una hora tarde. A pesar de estas evidencias, la Policía y el Gobierno defendieron que los agentes actuaron en defensa propia. Las imágenes de la masacre dieron la vuelta al mundo. Dentro del país, Marikana se convirtió en un símbolo y rememoró los peores momentos de la represión durante el régimen del apartheid, del que el Congreso Nacional Africano (ANC) prometió liberar a su pueblo a partir del Gobierno de Nelson Mandela.
Como respuesta, el Gobierno creó en septiembre de 2012 una comisión de investigación sobre la muerte de las 44 personas. Ésta ha acompañado a los sudafricanos durante estos tres últimos años, revelando el lado más oscuro de una democracia conquistada tras décadas de sangre y lágrimas, también negras y pobres. Su informe final, después de tres meses en manos del presidente, Jacob Zuma, fue hecho público el pasado día 25 de junio.
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En estos casi tres años las comunidades alrededor de Marikana han estado acompañadas de sus condiciones históricas de pobreza, falta de vivienda digna, electricidad y agua potable, compartidas por la mayoría de las localidades mineras del país, así como de la represión y acoso por parte de la policía y otros actores. Durante los dos primeros años de la comisión diversos líderes sindicales, comunitarios y testigos clave fueron asesinados; algunos pequeños asentamientos, como Nkaneng, fueron militarizados y crecieron rápidamente las amenazas de perder el trabajo o de sufrir “accidentes” en la mina.
Sin embargo, a pesar de esta violencia, la lucha de los trabajadores del sector minero del platino, principal recurso mineral del país, ha crecido de forma inesperada en estos años. Tras seis semanas de huelga, en septiembre de 2012 los trabajadores de Marikana firmaron un acuerdo con Lonmin por el que se aumentaron sus salarios entre un 11% y un 22%. Esta noticia se propagó rápidamente por otras comunidades mineras del sector del platino y en enero de 2014 los empleados de las empresas Impala Platinum Holdings, Anglo American Platinum y Lonmin fueron juntos a una nueva huelga que duró cinco meses y con la que consiguieron una subida progresiva del salario mínimo de 5.000 a 8.000 rands en los tres años siguientes. La Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), un nuevo sindicato que intentó tener un papel mediador durante la huelga, se convirtió, al mismo tiempo, en el sindicato mayoritario en el sector.
Muchos errores y ninguna responsabilidad
Acorde con el trabajo de una comisión llena de mentiras, falsos testigos y obstaculizaciones a la investigación por parte de la policía y las instituciones públicas involucradas, el informe final concluye poco y ofende mucho, especialmente a los familiares de las víctimas, a quienes se negó la posibilidad de tener voz en las sesiones de la comisión aunque se permitió que estuvieran presentes en ellas para escuchar.
En sus más de 600 páginas no se desvela quiénes mataron a cada una de las 44 personas, no hay responsables, no hay justicia y no hay recomendaciones sobre la necesidad de reparación para las víctimas y sus familiares. Se afirma que la policía pudo “haber creído razonablemente” que su vida estaba en peligro en la primera escena y que no se puede decir mucho de lo que ocurrió en la segunda escena. La verdad se diluye entre el reconocimiento de “fallos de dirección y control”, “esfuerzos insuficientes” para evitar los hechos y la recomendación de “investigaciones adicionales”. Lonmin no hizo todo lo necesario para evitar los hechos violentos, AMCU y NUM tampoco, la policía cometió numerosos errores y la masacre no fue sino un “trágico incidente”. El informe, además, recomienda distintas medidas procedimentales para mejorar el manejo de futuras situaciones similares. ¿Es esto todo lo que valen 44 vidas?
Pero en Sudáfrica la vida de los negros pobres vale muy poco. Como recordaba en una entrevista en 2013 S’bu Zikode, fundador y presidente del movimiento social Abahlali baseMjondolo, “todos los días hay Marikanas en Sudáfrica”. En un país marcado por la desigualdad y la pobreza de la mayoría de su población, el acoso y la violencia hacia estas comunidades empobrecidas por parte tanto de la policía como de pandillas es una realidad cotidiana. En algunos casos, ambos actores, con la complicidad de las autoridades locales, actúan conjuntamente. Esta represión se legitima socialmente mediante una criminalización de las víctimas y organizaciones de base, identificadas así como grupos de problemáticos, enemigos del gobierno o criminales. Susan Shabangu, ministra de Recursos Minerales en 2012 e involucrada en las decisiones que llevaron a la matanza de Marikana, animó en 2008 a la policía sudafricana con las siguientes palabras: “Matad a esos bastardos [las personas identificadas como criminales] si os amenazan a vosotros o a la comunidad. No debéis preocuparos por las regulaciones. Ésa es mi responsabilidad […]. No quiero disparos de advertencia. Tenéis una bala y tiene que ser una bala mortal”.
De este mismo modo, unos días antes de hacer público el informe, Jacob Zuma declaró que “los mineros de Marikana recibieron disparos después de haber matado a personas”, legitimando así la masacre. Cyril Ramaphosa, líder sindicalista minero durante el apartheid, uno de los héroes de la lucha por la liberación y una de las personas más ricas y con mayor influencia política en el país, es hoy vicepresidente de Sudáfrica y del ANC. Durante la huelga, como accionista y miembro del consejo de dirección de Lonmin Platinum, exigió “una respuesta simultánea” a la policía ante lo que, en una comunicación privada con la dirección de la empresa minera, definió como “no un conflicto laboral, sino un acto criminal”.
Sin embargo, a la verdad oficial del informe de la comisión de investigación de la masacre de Marikana se opone la verdad histórica y política. La de los supervivientes, los familiares y parte de la sociedad, que no puede creer que nadie sea responsable. La verdad es un campo de batalla, y en él los familiares de los mineros asesinados afirman sin ambages que los responsables de la muerte de sus seres queridos, lo reconozcan o no, son Lonmin, el Estado y la Policía sudafricana. Así lo expresaron en una declaración conjunta después de la clausura de las sesiones de la comisión, en septiembre de 2014.
Los mineros fueron masacrados para evitar una ola de protestas en todo el país y para proteger los intereses empresariales nacionales e internacionales. Mientras, la vida de los mineros vale muy poco, apenas los cinco rands de cada bala utilizada en Marikana.
Autor: David Ramos y Helena Santos
Fuente: Diagonal
Sin embargo, a pesar de esta violencia, la lucha de los trabajadores del sector minero del platino, principal recurso mineral del país, ha crecido de forma inesperada en estos años. Tras seis semanas de huelga, en septiembre de 2012 los trabajadores de Marikana firmaron un acuerdo con Lonmin por el que se aumentaron sus salarios entre un 11% y un 22%. Esta noticia se propagó rápidamente por otras comunidades mineras del sector del platino y en enero de 2014 los empleados de las empresas Impala Platinum Holdings, Anglo American Platinum y Lonmin fueron juntos a una nueva huelga que duró cinco meses y con la que consiguieron una subida progresiva del salario mínimo de 5.000 a 8.000 rands en los tres años siguientes. La Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), un nuevo sindicato que intentó tener un papel mediador durante la huelga, se convirtió, al mismo tiempo, en el sindicato mayoritario en el sector.
Muchos errores y ninguna responsabilidad
Acorde con el trabajo de una comisión llena de mentiras, falsos testigos y obstaculizaciones a la investigación por parte de la policía y las instituciones públicas involucradas, el informe final concluye poco y ofende mucho, especialmente a los familiares de las víctimas, a quienes se negó la posibilidad de tener voz en las sesiones de la comisión aunque se permitió que estuvieran presentes en ellas para escuchar.
En sus más de 600 páginas no se desvela quiénes mataron a cada una de las 44 personas, no hay responsables, no hay justicia y no hay recomendaciones sobre la necesidad de reparación para las víctimas y sus familiares. Se afirma que la policía pudo “haber creído razonablemente” que su vida estaba en peligro en la primera escena y que no se puede decir mucho de lo que ocurrió en la segunda escena. La verdad se diluye entre el reconocimiento de “fallos de dirección y control”, “esfuerzos insuficientes” para evitar los hechos y la recomendación de “investigaciones adicionales”. Lonmin no hizo todo lo necesario para evitar los hechos violentos, AMCU y NUM tampoco, la policía cometió numerosos errores y la masacre no fue sino un “trágico incidente”. El informe, además, recomienda distintas medidas procedimentales para mejorar el manejo de futuras situaciones similares. ¿Es esto todo lo que valen 44 vidas?
Pero en Sudáfrica la vida de los negros pobres vale muy poco. Como recordaba en una entrevista en 2013 S’bu Zikode, fundador y presidente del movimiento social Abahlali baseMjondolo, “todos los días hay Marikanas en Sudáfrica”. En un país marcado por la desigualdad y la pobreza de la mayoría de su población, el acoso y la violencia hacia estas comunidades empobrecidas por parte tanto de la policía como de pandillas es una realidad cotidiana. En algunos casos, ambos actores, con la complicidad de las autoridades locales, actúan conjuntamente. Esta represión se legitima socialmente mediante una criminalización de las víctimas y organizaciones de base, identificadas así como grupos de problemáticos, enemigos del gobierno o criminales. Susan Shabangu, ministra de Recursos Minerales en 2012 e involucrada en las decisiones que llevaron a la matanza de Marikana, animó en 2008 a la policía sudafricana con las siguientes palabras: “Matad a esos bastardos [las personas identificadas como criminales] si os amenazan a vosotros o a la comunidad. No debéis preocuparos por las regulaciones. Ésa es mi responsabilidad […]. No quiero disparos de advertencia. Tenéis una bala y tiene que ser una bala mortal”.
De este mismo modo, unos días antes de hacer público el informe, Jacob Zuma declaró que “los mineros de Marikana recibieron disparos después de haber matado a personas”, legitimando así la masacre. Cyril Ramaphosa, líder sindicalista minero durante el apartheid, uno de los héroes de la lucha por la liberación y una de las personas más ricas y con mayor influencia política en el país, es hoy vicepresidente de Sudáfrica y del ANC. Durante la huelga, como accionista y miembro del consejo de dirección de Lonmin Platinum, exigió “una respuesta simultánea” a la policía ante lo que, en una comunicación privada con la dirección de la empresa minera, definió como “no un conflicto laboral, sino un acto criminal”.
Sin embargo, a la verdad oficial del informe de la comisión de investigación de la masacre de Marikana se opone la verdad histórica y política. La de los supervivientes, los familiares y parte de la sociedad, que no puede creer que nadie sea responsable. La verdad es un campo de batalla, y en él los familiares de los mineros asesinados afirman sin ambages que los responsables de la muerte de sus seres queridos, lo reconozcan o no, son Lonmin, el Estado y la Policía sudafricana. Así lo expresaron en una declaración conjunta después de la clausura de las sesiones de la comisión, en septiembre de 2014.
Los mineros fueron masacrados para evitar una ola de protestas en todo el país y para proteger los intereses empresariales nacionales e internacionales. Mientras, la vida de los mineros vale muy poco, apenas los cinco rands de cada bala utilizada en Marikana.
Autor: David Ramos y Helena Santos
Fuente: Diagonal
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